A fines de 2015, la fiscalía ambiental de Iquitos —una de las ciudades más grandes y conocidas del Amazonas— incautó, junto a la policía, el mayor cargamento de madera ilegal del Perú: 1.312 metros cúbicos. Es decir, una cantidad suficiente para llenar 60 camiones de carga pesada.
La metodología empleada por esos madereros se ha replicado durante años: talan árboles de áreas protegidas, los recortan como tablones y, luego, los ingresan al mercado oficial con documentos e información falsa; para exportarlos a América del Norte, Europa y Asia.
La extracción ilícita de madera se traduce en la pérdida de 113 mil hectáreas de bosques cada año. Según las estadísticas oficiales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ya se han perdido más de 8 millones de hectáreas de árboles en Perú. Un cuarto de ellas pertenecían a territorios indígenas o estaban dentro de áreas naturales protegidas.
Si esa tala ilegal no se detiene, advierten desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la selva amazónica podría perder más de la mitad de sus 15 mil especies de árboles en los próximos años.
