En enero de 2016 el Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, una extensa tubería de acero que transporta petróleo desde el corazón del Amazonas hasta el océano Pacífico, se fisuró dentro del territorio Awajún y derramó, en la quebrada del río Chiriaco, una cantidad de crudo equivalente a dos mil barriles.

Una semana después, el mismo ducto se abrió en territorio Wampis. Entonces, las quebradas de los ríos Muyuriaga y Cashacaño quedaron impregnadas con petróleo suficiente para llenar otros mil barriles. En las inmediaciones las consecuencias fueron imparables. Pronto, con la llegada de las lluvias, el crudo ahogó las chacras de cultivo y avanzó hasta el río Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas.

Petroperú, la empresa estatal a cargo de la tubería, trató de aplacar el desastre ofreciéndole un trato a los pobladores: les pagarían por juntar el petróleo derramado. Muchos de ellos, en extrema pobreza desde hace décadas, aceptaron la oferta, aunque la compañía no les brindaba las medidas de protección adecuadas. Algunos niños también se sumaron al trabajo en las quebradas. Querían ayudar a sus familias. A ellos, apenas les pagaron tres soles por cada balde recuperado. Por la noche, varios tenían sarpullidos y dolor de cabeza. Creyeron que sería momentáneo. Pero, luego, llegaron los mareos, la diarrea y las verrugas.

Los meses siguientes fueron desoladores. Apenas tenían agua potable para beber. No había yucas, plátanos ni peces que llevarse a la boca; y el río estaba tan contaminado que los pobladores ya no podían siquiera bañarse en sus aguas. La tragedia dejó alrededor de 5 mil damnificados y más de 200 personas afectadas por el contacto directo con el crudo. Entre ellos, varios menores de edad. La empresa —que siempre alegó que las fisuras había sido fruto de sabotajes— solo envío algunos kits de salud al lugar.

En julio de 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó con 83 millones de soles a Petroperú por su responsabilidad en los derrames y por los daños ocasionados a la flora, la fauna y la población. La compañía apeló la resolución un mes después. Sus directivos dicen que no se ha probado que las fugas hayan dañado de manera grave la salud de los pobladores. Muchos awajún y wampís aún tienen dificultades para pescar y cazar en sus territorios. Algunos registran, todavía, altas concentraciones de plomo, cadmio y arsénico en el organismo. Cuatro años después, no reciben ningún tipo de ayuda del Estado.